“Crimen colectivo”: Límites de la ley de Instrucción Primaria Obligatoria

Maria Angelica Illanes explica el problema educativo en Chile a principios del siglo XX, señalando que existían fuertes índice analfabetismo y ausentismo escolar. A través de la crítica de Dario Salas, la autora explica que solo entregando servicios sociales como alimento, vestimenta y otros se puede mejorar la situación. Lamentablemente esta idea está lejos de encontrar luz.

Un “crimen colectivo”, es la denuncia que tiene el Chile democrático. Perpetúan las desigualdades sociales, entendidas como el enriquecimiento de una elite y un alto porcentaje de criminalidad y vagancia infantil. A juicio de Salas, todos los actores sociales han participado en esto y son cómplices.

La solución a este conflicto es dictar una ley de instrucción primaria obligatoria para así disminuir los índices de analfabetismo. Lamentablemente, la situación del país exigía a los padres poner a sus hijos a trabajar y “convertirlos en mercancía barata por un miserable pan” (Illanes, 1991, p. 68). Asimismo, en el mundo se estaba extendiendo las ideas socialistas, las cuales planteaban una lucha de clases y amenazaba a Chile con una posible subversión social. Es por ello, que la elite chilena re-presenta este proyecto de obligar al alumnado a asistir a las escuelas y así lograr un aplacamiento de las masas. Dicho de otro modo, se pretendía domesticar al pueblo para volverlo en ciudadanos tranquilos y conscientes.

El proyecto de ley contemplaba una serie de medidas sociales para incentivar las matriculas, entre ellas: entregar servicios alimenticios a través de tarjetas de abono que equivaldría al costo de un almuerzo. Por otro lado, le entregaba a las escuelas funciones de auxilio y protección en materia económica, vestuario y sanitario. Igualmente, este proyecto mejoraba las condiciones económicas de los profesores y para defender esto, se crea la federación de profesores de instrucción primaria. Por otro lado, la FOCH también se une a esta iniciativa, en conjunto con sus demandas sociales de carácter nacional. De este modo, se pretendía lograr un estado fuerte, presidencial e independiente de las clases oligarcas.

Pero este ambicioso proyecto distaba mucho de lo que existe actualmente. En primer lugar, serían las municipalidades y no el estado el encargado de entregar tales servicios, validando la idea de descentralización y la histórica ineficacia estatal. Y Segundo, estos servicios no serían gratuitos, pues “la gratuidad fomentaba el abandono de los padres de sus propias responsabilidades” (Illanes, 1991, p. 71). No obstante, el proyecto dicto mucho de lo que sus teóricos y actores pretendían, con el argumento del excesivo gasto económico que implicaba tamaña reforma fue modificada por el senado y suprimiéndole todos los servicios sociales. “Así se aprobó la ley, mutilada de su obligación asistencial. En efecto, ella creaba las juntas comunales de educación, que debían encargarse del cumplimiento y estimulo de la enseñanza pública” (Illanes, 1991, p. 84) 

La ley de instrucción primaria obligatoria se decretó. Miles niños asistieron a la escuela y la amenaza de una revolución socialista se aplaco. Sin embargo, el problema social aun persistía . 

Bibliografía
• Illanes, M A. (1991) Ausente, señorita: el niño chileno, la escuela para pobres y el auxilio 1890/1990. Santiago de Chile: Junta nacional de Auxilio y becas.
• Serrano, S., Ponce de León, M. y Rengifo, F. (2012) Historia de la Educación en Chile (1810-2010) Tomo II. Santiago: Editorial Taurus.


Cristian Guzmán Suazo
Prof: Historia y geografía
Magister en Historia

UdeC

Construcción y ordenamiento político-económico y territorial del Chile en el siglo XIX

Luis Ortega interpreta la organización de la república en Chile desde 1830 a 1889, la cual consiste en que existieron intentos del gobierno por ordenar el país territorial y económicamente. No obstante, su objetivo primario fue consolidar el poder político y en segunda medida económico, priorizando y consolidando la administración, el desarrollo de obras y una estabilización de las finanzas públicas, lo cual fue de la mano con un proceso de modernización en los transportes y comunicaciones.

En un comienzo, el régimen conservador no logró imponer un orden que dejara satisfecho las aspiraciones de todo el país. La adhesión a este bando solo fue sutil en los sectores alejados del eje Santiago-Valparaíso. Esto se debe fundamentalmente a la enorme extensión territorial, los recursos limitados, las comunicaciones lentas y sobre todo, la hostilidad de las provincias hacia los delegados gubernamentales[1]. Contrariamente de estas limitantes, el autor establece una periodización para explicar en mayor detalle cómo se va construyendo económica y territorialmente la patria.

El primer periodo, comprendido entre 1830-1850, se elabora un orden interior del país (provincial y territorial). A pesar de que los recursos humanos y financieros eran escasos, si hubo un extensión de dotaciones, sobretodo en la administración pública que creció considerablemente gracias a al prestigio internacional y la consolidación del poder conservador. Todo esto trajo como consecuencia el aumento del poder de sectores sociales locales y un repunte económico.  No obstante, aun persistió la mala distribución de las finanzas hacia las provincias, las cuales terminaron con conflictos contra el poder central.

El segundo periodo, establecido entre 1860-1889, se logra contrarrestar la sublevación, lo cual “le permitió al gobierno retomar la tarea, (…) de dar forma al territorio nacional y de crear condiciones para su administración aspirando a crecientes niveles de eficiencia” (Ortega, 2010, p. 147). Para ello, se inicia, con respaldo del estado, una política de expansión territorial hacia el norte (Tarapacá-Antofagasta) y al sur (La Araucanía), todo ello con fines económicos de carácter privado. Paralelamente, mientras las finanzas crecen, se moderniza el aparataje estatal con la creación de nuevos ministerios, modernización del transporte (ferrocarril) y comunicaciones (telégrafo).   

Para finalizar, el autor concluye que la construcción del estado partió con enormes dificultades, pero al mejorar la infraestructura territorial-administrativa, estimular el crecimiento económico y entregarlo a entes privados, la elite chilena liberal logró completar la tarea de conectar al país y administrarlo de manera eficiente.

Bibliografía

Ortega, L. (2010). La política, las finanzas públicas y la construcción territorial. Chile 183-1887. Ensayo de interpretación. Revista UNIVERSUM, N° 25.

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[1] La rivalidad entre Santiago y las provincias durante la construcción del Estado en Chile proviene desde tiempos de la independencia. En este caso el autor solo se limita a declarar que el antagonismo proviene desde la instauración del “régimen portaliano”, el cual convirtió al país en una república centralizada. Esta temática, en conjunto con otras son trabajadas en mayor detalle por Historiadores como Gabriel Salazar y Armando Cartes. Véase en Salazar, G (2011), En nombre del Poder Contituyente, LOM. y Cartes, A (2010), Concepción contra "Chile". Consensos y tensiones regionales en la Patria Vieja (1808-1811), Centro de Estudios Bicentenario.