Maria Angelica Illanes explica el problema educativo en Chile a principios del siglo XX, señalando que existían fuertes índice analfabetismo y ausentismo escolar. A través de la crítica de Dario Salas, la autora explica que solo entregando servicios sociales como alimento, vestimenta y otros se puede mejorar la situación. Lamentablemente esta idea está lejos de encontrar luz.
Un “crimen colectivo”, es la denuncia que tiene el Chile democrático. Perpetúan las desigualdades sociales, entendidas como el enriquecimiento de una elite y un alto porcentaje de criminalidad y vagancia infantil. A juicio de Salas, todos los actores sociales han participado en esto y son cómplices.
La solución a este conflicto es dictar una ley de instrucción primaria obligatoria para así disminuir los índices de analfabetismo. Lamentablemente, la situación del país exigía a los padres poner a sus hijos a trabajar y “convertirlos en mercancía barata por un miserable pan” (Illanes, 1991, p. 68). Asimismo, en el mundo se estaba extendiendo las ideas socialistas, las cuales planteaban una lucha de clases y amenazaba a Chile con una posible subversión social. Es por ello, que la elite chilena re-presenta este proyecto de obligar al alumnado a asistir a las escuelas y así lograr un aplacamiento de las masas. Dicho de otro modo, se pretendía domesticar al pueblo para volverlo en ciudadanos tranquilos y conscientes.
El proyecto de ley contemplaba una serie de medidas sociales para incentivar las matriculas, entre ellas: entregar servicios alimenticios a través de tarjetas de abono que equivaldría al costo de un almuerzo. Por otro lado, le entregaba a las escuelas funciones de auxilio y protección en materia económica, vestuario y sanitario. Igualmente, este proyecto mejoraba las condiciones económicas de los profesores y para defender esto, se crea la federación de profesores de instrucción primaria. Por otro lado, la FOCH también se une a esta iniciativa, en conjunto con sus demandas sociales de carácter nacional. De este modo, se pretendía lograr un estado fuerte, presidencial e independiente de las clases oligarcas.
Pero este ambicioso proyecto distaba mucho de lo que existe actualmente. En primer lugar, serían las municipalidades y no el estado el encargado de entregar tales servicios, validando la idea de descentralización y la histórica ineficacia estatal. Y Segundo, estos servicios no serían gratuitos, pues “la gratuidad fomentaba el abandono de los padres de sus propias responsabilidades” (Illanes, 1991, p. 71). No obstante, el proyecto dicto mucho de lo que sus teóricos y actores pretendían, con el argumento del excesivo gasto económico que implicaba tamaña reforma fue modificada por el senado y suprimiéndole todos los servicios sociales. “Así se aprobó la ley, mutilada de su obligación asistencial. En efecto, ella creaba las juntas comunales de educación, que debían encargarse del cumplimiento y estimulo de la enseñanza pública” (Illanes, 1991, p. 84)
La ley de instrucción primaria obligatoria se decretó. Miles niños asistieron a la escuela y la amenaza de una revolución socialista se aplaco. Sin embargo, el problema social aun persistía .
Bibliografía
• Illanes, M A. (1991) Ausente, señorita: el niño chileno, la escuela para pobres y el auxilio 1890/1990. Santiago de Chile: Junta nacional de Auxilio y becas.
• Serrano, S., Ponce de León, M. y Rengifo, F. (2012) Historia de la Educación en Chile (1810-2010) Tomo II. Santiago: Editorial Taurus.
Cristian Guzmán Suazo
Prof: Historia y geografía
Magister en Historia
UdeC
